Capítulo 1: Introducción

De poco sirve ir a juicio contra el diablo cuando el tribunal se lleva a cabo en el infierno.

Humphrey OíSullivan, The Diary of an Irish Countryman, 1831

¿Irías a juicio contra el diablo si el tribunal tuviera lugar en el infierno? Claro que no. Sin embargo, los Gobiernos lo han hecho cientos de veces. Y siguen haciéndolo.

En las controversias relativas a inversiones internacionales las compañías multinacionales pueden demandar a un Gobierno si este ha tomado alguna medida que la multinacional considere perjudicial para sus ganancias. Por ejemplo, el gigante del tabaco Philip Morris presentó una demanda contra Uruguay y Australia porque estos dos países introdujeron advertencias obligatorias sobre los riesgos para la salud en las cajas de cigarrillos. La compañía energética Vattenfall, por su parte, demandó a Alemania porque el país decidió abandonar gradualmente la energía nuclear.

Estos casos se dirimen ante un tribunal internacional de árbitros: tres personas que deciden qué es más importante, si los beneficios privados o el interés público. En todo el mundo, estos tribunales han otorgado a grandes compañías millones de dólares procedentes de los bolsillos de los contribuyentes, muchas veces para compensar el supuesto impacto que han tenido sobre las ganancias de esas compañías leyes adoptadas democráticamente con el objetivo de proteger el medio ambiente, la salud pública o el bienestar social.

Las bases jurídicas para la interposición de estas demandas se hallan en los tratados de inversión entre Estados. Históricamente, estos tratados fueron establecidos por Gobiernos occidentales para proteger a sus compañías cuando estas invertían en el exterior. El fin era garantizar a sus inversores el acceso a un sistema de solución de controversias justo e independiente en caso de que tuvieran problemas con el Estado de acogida. Se consideraba que los tribunales del propio Estado de acogida eran demasiado parciales, demasiado lentos y, a veces, demasiado corruptos como para desempeñar ese papel. Y de ahí surgió la idea de un organismo 'neutral' de expertos jurídicos, los árbitros, que debían actuar como mediadores independientes.

La idea de que el arbitraje de inversiones es un espacio justo e independiente para resolver controversias entre multinacionales y Gobiernos es una de las principales justificaciones de un sistema que cuesta muy caro a los contribuyentes y que socava la capacidad de Gobiernos soberanos para actuar en pro de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas.

Este informe arguye que la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Las leyes y las ulteriores demandas están determinadas en gran medida por firmas de abogados, árbitros y, últimamente, por una ristra de especuladores que ganan mucho dinero con los pleitos. Impulsada por sus propios intereses económicos, esta 'industria del arbitraje' promueve activamente un creciente número de demandas por parte de corporaciones, creando, al mismo tiempo, las lagunas jurídicas y los mecanismos de financiación que necesita para asegurar su propia continuidad. Esta industria también es responsable de inflar su propio negocio con una interpretación de los tratados favorable a los inversores. Mientras tanto, los abogados especializados en inversiones luchan duro para que el sistema de arbitraje de inversiones permanezca intacto frente a las críticas, tanto con su labor en círculos académicos como con el cabildeo político directo en contra de toda reforma que persiga el interés público.

Al firmar los tratados de inversión y aceptar las condiciones de arbitraje, los Estados han aceptado, en efecto, que el diablo los pueda demandar en el infierno.

Los abogados, los árbitros y los financiadores del arbitraje de inversiones han escapado en gran medida de la mirada pública. Muchos de sus casos se desconocen; algunos nunca llegan a hacerse públicos. Los intereses económicos tras sus acciones se esconden tras un grueso manto de retórica jurídica sobre la independencia e imparcialidad judicial, y la promoción del estado de derecho. Ya es hora, por tanto, de arrojar luz sobre los principales actores de la industria del arbitraje, que impulsan las injusticias de las reglas globales de inversión al tiempo que se benefician de ellas.